Y la motosierra sigue. Las entidades públicas que quedaron en una suerte de oasis fueron las universidades, los organismos del Poder Legislativo y el Judicial, además de instituciones estratégicas que fueron excluidas por el Congreso de la Ley Bases.
Estas últimas son el Conicet, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el nstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Si bien en los casos mencionados no se habló de despidos, el artículo 52 de la Ley Bases sancionada en junio de 2024 establece que los empleados públicos de los organismos disueltos permanecerán en disponibilidad por un año con goce de sueldo, a la espera de ser reubicados o capacitados para nuevas tareas. Pronto se conocerá cuántos trabajadores quedarán en esa situación, aunque lo que sucederá con ellos una vez cumplido el plazo de momento es una incógnita.